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Promontoria Coliseum (Cerberus) quiere echar de casa a una familia hipotecada en vez de ofrecerle el alquiler social que le corresponde por ley

El próximo viernes 21 de abril está previsto el 4º intento de desahucio de Nancy en manos de Promontoria Coliseum, una inmobiliaria controlada al 100% por el fondo buitre Cerberus. El pasado lunes la PAH de Barcelona logró parar el desahucio in extremis, a pesar de la insistencia de la comitiva y los Mossos d’Esquadra que «no quieren discutir leyes». Nancy tiene derecho a un alquiler social gracias a la normativa antidesahucios catalana (Leyes 24/2015 y 1/2022), que obliga a los grandes tenedores de vivienda −como bancos y fondos buitre− a ofrecer un alquiler social a las familias que demuestran situación de vulnerabilidad antes de desahuciarlas, tanto en casos de impago de alquiler como de hipoteca o finalización de contrato de arrendamiento.

Una familia hipotecada víctima de la crisis

Nancy lleva más de 15 años viviendo en este piso, situado en la calle Bac de Roda, 79, en el barrio de Sant Martí en Barcelona. De hecho, era de su propiedad: como tantas otras familias en este país, se hipotecó para tener un techo, con la CAM en el 2007, que posteriormente cedió el crédito al Banco Sabadell. En 2013, por culpa de la crisis económica, dejó de pagar, y el banco subastó la vivienda y a ella le quedó una deuda de 139.000€. Durante todo este tiempo Nancy, acompañada por la PAH de Barcelona, intentó negociar una dación en pago, pero la única respuesta del banco fue proponerle un realojo, aunque la entidad nunca llegó a enseñarle ninguno ni a hacerle una propuesta formal.

Con el tiempo, Banco Sabadell creó con Cerberus la sociedad Promontoria Coliseum, a la que le transmitió la propiedad de miles de pisos, entre ellos el de Nancy. Desde entonces, el fondo se ha negado a ofrecerle ninguna alternativa alguna más allá del desahucio. Asimismo, la afectada ha denunciado la situación ante el Ayuntamiento de Barcelona para que éste sancione a Promontoria de acuerdo con la Ley 24/2015; por su parte, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia Nº 9, Antonio Lechón Hernández, se niega a suspender el lanzamiento porque entiende que “[…]el derecho a la vivienda no tiene protección constitucional directa e inmediata del artículo 53.2 CE, es decir, no es directa o inmediatamente ejercitable como verdadero derecho subjetivo o no ofrece a los ciudadanos la posibilidad de reclamar a los Tribunales su efectiva satisfacción […]», obviando la normativa catalana y tildándola de «administrativa». 

Un exdirectivo del Banco Popular involucrado

Según las investigaciones realizadas por la PAH de Barcelona, la denunciante, Promontoria Coliseum Residential, es una Sociedad Limitada ubicada en Madrid −en una oficina fantasma−, creada en 2019 con la participación inicial del fondo de inversión Cerberus en un 80% y por el Banco Sabadell en un 20%. A finales del año pasado Banco Sabadell anunció que vendía su participación y ahora Cerberus posee el 100% de la empresa. Forma parte de un conglomerado de empresas creadas ad hoc para conducir las inversiones de Cerberus en toda España, todas ellas con el prefijo “Promontoria”- (Coliseum, Challenger, Marina, Manzana, Yosemite, Jaguar, Bahia, Poseidon, Macc, etc.) y regularmente auditadas por la firma PricewaterhouseCoopers (PwC).

Si bien en los consejos administrativos de éstas constan varios nombres de directivos de Cerberus, hay dos que destacan por ser los más concurrentes: Gerardus Johannes Schipper y Francisco Juan Sancha Bermejo. Este último fue directivo del desaparecido Banco Popular, como director general del banco y responsable del Área de Negocio Inmobiliario y Transformación de Activos (NITA). De hecho, fue de los directivos que, pese a tener la quiebra a la vuelta de la esquina, todavía estuvieron cobrando beneficios de la entidad mientras las más de 300.000 familias afectadas por el Popular se asomaban a la ruina económica. 

Este caso demuestra que la actual crisis habitacional protagonizada ahora por la burbuja de alquiler, ha sido provocada por los mismos que provocaron la anterior crisis hipotecaria, que siguen sin haber pagado por su nefasta gestión y que ahora pretenden seguir enriqueciéndose a costa de familias como la de Nancy. Por ello, ¡convocamos a todas las activistas de Barcelona y a los medios para denunciar estas prácticas especulativas, detener el desahucio y exigir que Cerberus cumpla con la ley!

Hasta ahora Promontoria no ha accedido a dar ninguna solución a las familias de la PAH, ni a Nancy. En la convocatoria habrá más familias afectadas por este fondo  buitre.



La futura Ley de Vivienda todavía no acaba con los desahucios de personas vulnerables

  • La obligatoriedad de someterse a una mediación no implica que no se pueda seguir desahuciando a quienes no pueden pagar una vivienda

  • El acuerdo sigue sin incluir medidas para las personas hipotecadas  mientras el euribor sigue subiendo

  • A falta de conocer los detalles, desde la PAH creemos que este acuerdo sigue sin solucionar los principales problemas a la hora de garantizar el Derecho a la Vivienda y que aún debe mejorar mucho

Hoy hemos conocido un nuevo acuerdo entre Esquerra Republicana, EH Bildu y el Gobierno de España sobre la futura Ley para el Derecho a la Vivienda. En una rueda de prensa convocada de urgencia esta mañana, ambas formaciones han desgranado las modificaciones que han impulsado en el nuevo texto de acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y, según han aclarado los portavoces de ambos partidos, con la aprobación tanto del PSOE como de Unidas Podemos.

Nuestra valoración inicial −a falta de conocer con detalle el texto pactado− desde la PAH es la siguiente: el acuerdo anunciado hoy no cambia el hecho de que la futura ley sigue sin acabar con los desahucios de personas vulnerables que no tienen una alternativa habitacional. A pesar de las reclamaciones de los movimientos sociales para implementar medidas −como la obligatoriedad, para grandes propietarios, de ofrecer alquiler social a las familias que acrediten vulnerabilidad−, el proyecto de ley, a pesar del acuerdo, únicamente alarga los procesos de desalojo hasta los 2 años −lo cual se traduce en alargar la agonía para las familias afectadas− y solo obliga a los propietarios a someterse a una mediación, cuya resolución no tienen por qué respetar. Es decir: que grandes tenedores como bancos y fondos buitre podrán seguir desahuciando sin ningún tipo de obligación o penalización. Asimismo, nos preocupa que el nuevo acuerdo contemple el uso de los fondos del Plan Estatal de Vivienda para pagar los realojos de las familias desahuciadas o incluso alquileres sociales “bonificados”, lo que a la práctica consistirá en otro nuevo traspaso de dinero público a manos de grandes tenedores como bancos y fondos buitre, en vez de obligarlos a corresponsabilizarse de la actual emergencia habitacional y a movilizar sus viviendas vacías. El gobierno y los partidos tienen que aceptar el hecho de que en este país no hay vivienda pública y, por tanto, la Administración no tiene alternativas para aquellas familias que, por una razón u otra, no puedan procurarse una vivienda.

Además, lamentamos que las familias hipotecadas se hayan quedado fuera de este acuerdo y de la futura ley en general. El Euríbor ha cerrado el mes de marzo en un 3,67%, lo que implica subidas de hasta 300€ mensuales, y a nuestras asambleas ya han llegado algunas familias que han dejado de pagar o prevén que lo harán próximamente. Hasta ahora el gobierno solo ha tomado medidas cosméticas, como el mal llamado escudo social, o bien la reedición del acuerdo de buenas prácticas bancarias, cuya adhesión por parte de los bancos ni siquiera es obligatoria y cuyos supuestos de aplicación son irreales.

Otro hecho que nos preocupa es la falta de mecanismos para movilizar todas aquellas viviendas vacías y que siga sin abordarse el hecho de que tenemos una inmobiliaria pública, la Sareb, que el Gobierno ha dejado en manos de los fondos buitre y cuyo patrimonio está siendo vendido, en vez de poner todas esas viviendas a disposición de las comunidades autónomas y aumentar así el parque público de vivienda. 

Por otra parte, desde la PAH reivindicamos aquellos pequeños avances que se han hecho en el proyecto de ley gracias a la presión de los movimientos sociales agrupados en la Iniciativa Ley Vivienda, como la prohibición de los desahucios con fecha abierta −una vulneración flagrante de derechos que suponía una auténtica tortura para las afectadas−, la rebaja de la definición “grandes propietarios” a quienes tienen 5 viviendas en vez de 10 y el blindaje de las competencias de las comunidades autónomas, que podrán seguir desarrollando leyes que ya han demostrado su eficacia a la hora de detener desahucios, y corresponsabilizar a bancos y fondos buitre gracias al alquiler social. Es el caso de la Ley Antidesahucios en Catalunya, que ha evitado entre 5.000 y 11.000 desahucios en el tiempo que ha estado en vigor y que actualmente ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por el propio Gobierno; a falta de conocer los detalles, este anuncio abre la puerta a que medidas como la catalana tengan encaje en la legislación estatal y que por fin puedan demostrar su efectividad a medio y largo plazo. 

En definitiva, si bien valoramos el hecho de que por fin se estén dando pasos para aprobar una ley que ya acumula unos retrasos insoportables debido a la cerrazón de partidos como el PSOE, entendemos que las medidas recogidas en el acuerdo anunciado por ERC y EH Bildu son manifiestamente insuficientes. Creemos que todavía queda mucho margen de mejora para que la futura Ley de Vivienda sea real y efectiva, y por ello exigimos a todos los partidos que en su día se comprometieron con los movimientos sociales, a que negocien más mejoras antes de otorgar su voto favorable a la Ley. Por nuestra parte, en los próximos días examinaremos detenidamente las medidas del nuevo acuerdo y daremos la información necesaria para evitar que se engañe a la población con discursos triunfalistas que no tienen efecto real en la vida de la ciudadanía.

Así están las cosas

La PAH arrancamos en Catalunya una campaña global de denuncia, señalización a la inacción política, la banca y los fondos buitre. Así están las cosas y queremos sensibilizar a la ciudadanía no consciente de que el problema de la vivienda nos afecta a todas. 

Hoy las PAHs de Catalunya iniciamos nueva campaña para alertar sobre la emergencia habitacional debido a la falta de voluntad política para revertir la situación y ante la desfachatez de los grandes especuladores que trafican con nuestras viviendas negándose, con impunidad, a aplicar las leyes catalanas que les obligan a ofrecer alquileres sociales para garantizar el derecho a la vivienda y dar respuesta a las familias desahuciadas.

Desde el estallido de la crisis de 2008, lejos de solucionarse, la problemática con la vivienda ha mutado y se ha encrudecido. Donde antes nos enfrentábamos a procesos de perdida de vivienda derivados de la estafa hipotecaria, de un tiempo a esta parte el grueso de la problemática lo encontramos en los precios desorbitados del alquiler. Donde antes nos enfrentábamos a la banca, ahora toca lidiar con todo un entramado formado por fondos buitre, socimis, inmobiliarias, patronales, bancos… que han encontrado en la especulación inmobiliaria la gallina de los huevos de oro, sin importar el coste humano que esto conlleva.

Lo que no ha cambiado es la irresponsabilidad política, cuya defensa de los intereses capitalistas por encima de la defensa del bienestar de la ciudadanía, ya ha destrozado la vida de millones de personas. Bien arrebatando sus sueños de toda la vida vía ejecución hipotecaria, bien desahuciándolas por no poder asumir el abusivo precio del alquiler, bien obligándolas a ocupar una vivienda tras quedarse en la calle para volver a ser desahuciadas, bien pagando el precio más alto al arrebatarles vida debido a la desesperación. Un punto de no retorno.

Si a esto les sumamos que el empobrecimiento de las familias es cada vez mayor y el coste de la vida más alto, la situación se vuelve insostenible. Lamentablemente, los culpables y responsables de la situación son poderosos. Controlan el Congreso, el Parlament, demasiados Ayuntamientos, los Tribunales, los medios de comunicación mayoritario y con todo ello, la opinión pública. Tanto repiten sus discurso autoritario, lleno de mentiras, desprecio y odio (sobretodo hacía quien menos tiene), que al final cala y nos empujan a una guerra entre vecinas, de la cual solo se benefician ellos. El que más tiene, contra el que menos, el que menos contra el que nada. Y así están las cosas.

Desde la PAH, llevamos más de una década empujando para lograr los cambios legislativos necesarios para revertir la situación y hacer efectivo el derecho a la vivienda, tal como recogen los dictámenes de Naciones Unidas, la Constitución española y los Estatutos de Autonomía. Hemos vivido como el PP negaba la segunda oportunidad a las personas hipotecadas que perdían su casa, al tiempo que rescataba a la banca. Hemos vivido como se ponía la alfombra roja a los fondos buitre para que especularan a su antojo con el alquiler. Hemos vivido como la banca amasaba millones de vivienda vacía que después vendió a los fondos, mientras la vivienda pública se recalificaba y pasaba a manos del sector privado. Nos dejaron sin un parque público de vivienda social y asequible para dar respuesta a la emergencia habitacional, a las familias desahuciadas y a las familias que no pueden permitirse los precios de la corrupción.

Así están las cosas con los últimos datos del Poder Judicial cerrando el año 2022: 38.266 desahucios (177 al día),  27.533 desahucios derivados del alquiler, 8.509 derivados de hipoteca y 24,935 nuevas ejecuciones hipotecarias registradas.

A pesar de todo, el PSOE lleva todos sus años de gobierno bloqueando la Ley vivienda al no querer incluir las medidas sociales necesarias y promoviendo la represión a la reivindicación endureciendo la Ley Mordaza. Medidas tan de sentido común como las que tenemos en Catalunya, gracias al esfuerzo de la PAH y otros colectivos. La ley catalana contra los desahucios y la pobreza energética, así como el articulado para ampliarla, efectivo desde marzo del año pasado, está pensada, sobre todo, para acabar con los desahucios obligando a grandes especuladores a ofrecer un alquiler social. Cosa que no están haciendo.

No solo eso, también obliga a la renovación de dichos alquileres sociales, a ofrecerlos al finalizar un contrato si no se puede asumir la subida abusiva habitual y a ofrecerlos a esas personas vulnerables que están ocupando, un piso vacío de banco o fondo de inversión, para no acabar en la calle. Remarcar que esta última medida es solo para ocupaciones previas al 31 de junio 2021, no posteriores, un dato que el relato de los defensores de la especulación omite cuando arremeten contra esta ley afirmando, falsamente y con alevosía, que es una ley que fomenta la ocupación. La realidad es todo lo contrario, no hay mejor ley antiocupación que una ley que garantice el derecho a la vivienda a todos los bolsillos.

En esta nueva campaña que iniciamos hoy, con una concentración en la sede central de Serbihabitat en Cornellá, denunciamos que en Catalunya:

  • Los fondos buitre y su entramado de socimis e intermediarios están incumpliendo la ley negándose descaradamente a ejercer su obligación de ofrecer alquileres sociales a las familias que no pueden pagar los precios abusivos del mercado.
  • Los bancos, accionistas de las socimis, se lavan las manos alegando que ya no tienen la propiedad, al tiempo que venden los pisos a los fondos con inquilinas e inquilinas dentro a las que se les niega la renovación al finalizar él y contrato.
  • El Gobierno de la Generalitat está siendo participe de los desahucios al no actuar con mano dura contra los grandes especuladores interponiendo las sanciones millonarias que dicta la ley.
  • La ley está siendo vulnerada por las administraciones al no obligar a bancos, fondos buitre y a la Sareb a movilizar su vivienda vacía para fomentar el parque público de vivienda social o a reducir urgentemente la lista de espera para acceder a un piso de la mesa de emergencia.

Con 34.856 pisos vacíos en Catalunya, en manos de grandes tenedores y la Sareb, decimos:

¡Basta de vivir en un estado de gente sin casa y casas sin gente!

¡Basta de ser el territorio líder en desahucios!

Las leyes y los derechos están para cumplirlos. No podemos seguir viviendo en la angustia que compartimos semana tras semana en nuestras asambleas. No podemos ver como nuestros mayores pierden su hogar y a la juventud se les niega un futuro al no podérselo permitir, mientras al resto nos sobra mucho mes al final del sueldo que gastamos en pan y techo.

Exigimos se cumplan las leyes sociales que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir.

Seguiremos movilizandonos y denunciando hasta conseguir que los fondos buitre cumplan con nuestra ley, hasta romper con la persecución política a la pobreza. Así están las cosas y no bajaremos los brazos, ni en Catalunya en defensa de nuestras ley, ni en España hasta logra la ley vivienda que la ciudadanía se merece.

Denunciamos y rechazamos la amenaza de los buitres a las administraciones para que no apliquen la Ley 24/2015

La instrumentalización de la justicia por parte de empresas privadas ha logrado un hito insólito: la persecución de los poderes públicos que hacen cumplir las leyes impulsadas por la sociedad civil y refrendadas por la soberanía popular

Esta semana hemos conocido que la justicia ha citado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau -así como a las concejalas Lucía Martín y Marc Serra y a la trabajadora responsable de la unidad antidesahucios- a declarar el próximo mes de marzo como investigadas por haber multado al fondo Vauras Investment, propietario del Bloc Llavors, un edificio de pisos situado en el barrio del Poble Sec que en el 2017 fue ocupado por varias familias vulnerables que fueron desahuciadas en el 2020. Las investigadas no hicieron más que aplicar lo que establece la Ley 24/2015, que se aprobó en el Parlament de Catalunya hace ahora ocho años con la intención de remediar la lacra de los desahucios y evitar que Catalunya siga encabezando las listas de lanzamientos en todo el Estado.

La ley antidesahucios catalana en aquel momento -ya que estaba en vigor el Decreto 17/2019-, obligaba a los grandes tenedores de vivienda -como Vauras Investment- a ofrecer un contrato de alquiler social a aquellas familias que acreditaran vulnerabilidad económica antes de desahuciarlas. Este era el caso del Bloc Llavors: las 7 familias ocupantes contaban con un informe de vulnerabilidad. Los desahucios no se pararon y, ante el incumplimiento de la Ley 24/2015, el Ayuntamiento hizo lo que le correspondía: notificó e impuso 5 multas -una por cada alquiler social sin ofrecer- por importe de 417.000€ a Vauras Investment, que ha respondido con una querella.

Nos preocupa el hecho insólito de que un fondo buitre tenga la capacidad de utilizar a los tribunales para incumplir leyes con impunitad y esquivar aquellas obligaciones que perjudican sus intereses. El caso de Vauras contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona es un ejemplo claro de lawfare, es decir, del uso -y abuso- de la justicia para hacer guerra política contra aquellas decisiones -fruto de la soberanía popular, recordemos-, que de algún modo limitan los beneficios de un capital que se está enriqueciendo a costa de un derecho básico, es decir, a una vivienda digna y adecuada.

Vauras Investment sabe que es muy posible que esta querella no prospere, pero de momento ya ha conseguido que la justicia obligue al consistorio a retirar las multas, todo ello con la idea de condicionar el compromiso del Ayuntamiento a la hora de hacer cumplir una ley antidesahucios que ha demostrado su capacidad para resolver los problemas de muchísimas familias que el sistema había dejado abandonadas. Esta reacción por parte de Vauras indica lo que ya hace tiempo que sabemos: que la Ley 24/2015 funciona, y precisamente es por ello que la única alternativa que les queda a los grandes tenedores es intentar atemorizar a la Administración para que evite aplicarla.

Es imperativo que desde todos los estamentos sociales e institucionales -y judiciales- rechacemos el lawfare y exijamos que cualquier disputa de intereses se haga de manera política, es decir, con proyectos y movilizaciones, sin tergiversar el sentido de las normas jurídicas que no es otro que hacer efectivas las decisiones democráticas y la garantía de los derechos, especialmente aquellos más amenazados por los intereses de unos pocos, como lo es, desde hace demasiado tiempo, el derecho a una vivienda digna.

El 22 de febrero la PAH cumple 14 años

Cuando se creó en 2009, probablemente nadie hubiera pensado que en 2023 seguiría activa, viva e internacionalmente reconocida.

Éramos pocas, pero hay que reconocer que ahora ya no, ahora somos muchas, por aquello de que “una + 100 pueden llegar a ser millones”… Nos quieren solas, ¡pues no! ¡Nos tendrán juntas y organizadas!

Creando ideología y discurso propios, al acceso de toda la ciudadanía y sin bla bla bla, muchas personas se han unido para cambiar las cosas. Muchas afectadas, aunque también las que pensaban que no era su culpa si la gente se quedaba sin casa, pero que lo sería si no se cambiaba nada, porque eso sigue ocurriendo hoy y aquí.

Grandes victorias, como la Ley 24/2015, que evita desahucios y previene la pobreza energética, han cambiado el panorama de la vivienda, consiguiendo alquileres sociales obligatorios, renovaciones de alquiler, dando respuesta a la ocupación en precario. Todo ello ha supuesto un balón de oxígeno y la salvación para muchísimas familias vulnerables y vulneradas por el sistema.

El camino a recorrer es todavía largo, esperando una Ley Vivienda valiente que no se olvide de nadie.

Pero aun así, este mes, festejaremos:

  • en el carnaval de Sants el 18/02. Ven de verde a las 17h  al desfile de la carretera de Sants
  • en la asamblea de PAHs catalanas el 25/02 junto a todas las comPAHs de Catalunya
  • ¡y en marzo, con una gran fiesta de aniversario en PAH Barcelona para todas! No te las pierdas, atenta a la redes.

¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS PAH!!!

¡Contacta con la PAH, no estás sola!

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Qué es la PAH

La PAH de Barcelona es una plataforma de acción que reúne a afectadas por hipotecas, alquileres y ocupación, formada por personas voluntarias solidarias en defensa de la ciudadanía ante la usura bancaria

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