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A los responsables federales de vivienda, economía y justicia del PSOE

Gobierne quien gobierne la vivienda se defiende

Desde la PAH, nos dirigimos a las personas responsables de Vivienda, Economía y Justicia del PSOE, ante la situación de emergencia habitacional que sufre este país, y la falta de respuestas positivas por parte del Gobierno, en las siguientes materias:

1ª Economía.- Se está tramitando actualmente en el Congreso la ley de crédito inmobiliario, heredada del Gobierno anterior, y elaborada por el banquero De Guindos. Este hecho, imbuye al proyecto de ley la impronta del banquero, que, en contra de la reiterada jurisprudencia del TJUE, pretende dar cobertura legal a cláusulas abusivas, bajo pretexto de consentimiento, como las cláusulas suelo; en lugar de prohibirlas, establecer una cuantía fija de intereses de demora para impedir la anulación de esas cláusulas…, etc. Vuelve a ignorar el contenido y efecto disuasorio de la Directiva 93/13/CE, cuya mala trasposición a la legislación española, permite que, incluso 24 años después de su publicación, se pueda condenar a España por su incumplimiento, como en el caso de las cláusulas suelo en enero de 2017. Impide que la responsabilidad se limite al bien hipotecado, y niega la dación en pago como solución a una situación sobrevenida que impide al deudor hacer frente a sus compromisos, con lo que, de nuevo santifica el que el banco, que sin duda habrá recuperado vía titulización la totalidad de la deuda, se quede con la vivienda, y el deudor endeudado por el resto del préstamo, más intereses, intereses de demora, costas…

Además, blanquea la abusiva cláusula de vencimiento anticipado, moderando el número de cuotas impagadas para que el banco pueda iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria (declarado ilegal por el TJUE), y por si fuera poco, en su disposición transitoria primera establece la retroactividad (a diferencia de lo aprobado por el Gobierno en relación al IAJD) de la citada e ilegal moderación, de forma que, a nuestro entender, y a pesar de las declaraciones de la ministra Calviño, podrían activarse cientos de miles de nuevos desahucios al aplicarse los nuevos vencimientos a todos los contratos firmados hasta ahora, y al reactivarse miles de procedimientos judiciales actualmente suspendidos. Impone también la vinculación obligatoria a esta ley para cualquier novación o subrogación del préstamo, otorgando a la banca la posibilidad de blanquear todas las Cláusulas Abusivas que contenga el contrato,  en lugar de permitir acogerse a las condiciones más beneficiosas para el consumidor. Esta ley, de aprobarse en sus actuales términos, perjudica gravemente a la Ley de Vivienda de la PAH en materia de protección al deudor hipotecario, ya que sus contenidos están incluidos en esta.

Supone en definitiva, un nuevo acto de superprotección a la banca, tras la sentencia del TS y el espejismo de la transferencia de la obligación futura del pago IAJD, que les libera de la retroactividad que sí se impone con la ley De Guindos.

En consecuencia, pedimos al PSOE: Que reconsidere su actitud frente a esta ley, y acepte las enmiendas que limitan la responsabilidad al bien hipotecado, establecen como solución normal la dación en pago, y protegen al deudor de buena fe, en consonancia con la directiva  93/13/CE, y la jurisprudencia del TJUE en materia de cláusulas abusivas y sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria, así como que se elimine la retroactividad de la ley, salvo que sea condición más beneficiosa para el consumidor. Desde finales de septiembre, seguimos esperando respuesta a una solicitud de entrevista remitida al Ministerio de Economía para tratar estos temas.

2ª Vivienda.- Tras más de 33.000 desahucios en el primer semestre de este año, la burbuja galopante de los precios de alquiler, la subida de los de compra, cada vez más cerca de los incrementos de la época de la burbuja financiero/hipotecaria, el acaparamiento sistemático de centenares de miles de viviendas por fondos buitre y Socimis, unido a la carencia casi absoluta de Parque Público de Vivienda, aunque se han anunciado varias, no se ha adoptado medida alguna capaz, al menos, de paliar esta situación de evidente emergencia habitacional, y podríamos acabar el año con cifras de desahucios similares a las de los peores de la crisis.

Urge la aplicación inmediata de los acuerdos en materia de Vivienda, contenidos en el acuerdo para los PGE, que aunque insuficientes, pueden paliar, sobre todo en materia de alquileres, la burbuja especulativa que se sufre. Para la puesta en práctica de los mismos no se precisa aprobar dichos PGE, se debería hacer urgentemente por decreto. Urgen también medidas para movilizar al mercado, viviendas que actualmente están vacías (3,4 según el último censo del INE); es imprescindible definir legalmente el concepto de vivienda deshabitada o de gran tenedor de vivienda, para poder abordar medidas en esa dirección, para evitar la especulación. Las sentencias del TC sobre las leyes de vivienda de Andalucía, Comunidad Valenciana, Euskadi y Navarra, dejan claro que se puede establecer un cánon contra las viviendas injustificadamente deshabitadas, además de que se debe estudiar una reforma fiscal que las grave, y ello, a pesar de las competencias autonómicas en materia de vivienda, ya que el artículo 47 de la Constitución, establece como un Derecho Universal de la ciudadanía el acceso a la Vivienda, y además, insta a las Administraciones Públicas a combatir la especulación. Tampoco se conoce plan alguno para ir generando el imprescindible Parque Público de Vivienda, para que el derecho de acceso a la misma no dependa, como ahora, de forma exclusiva del nivel de renta. Hace falta adoptar medidas urgentes  para disponer de las viviendas de quienes ahora las tienen, algunas provenientes de ayudas públicas y en manos de bancos rescatados, especialmente de Bankia.

Tampoco se nos han facilitado las enmiendas a la Ley de Vivienda PAH, lo que nos impide conocer cuál es la posición real del PSOE al respecto, y sobre Vivienda en general, aunque lo visto hasta ahora en la ley de crédito inmobiliario nos da muy mala espina, y nos inclina a pensar que otra vez van a prevalecer los intereses de la banca sobre los de las personas, lo cual no tiene nada de socialista ni de progresista.

Aunque mantuvimos una entrevista con el ministro Ábalos en septiembre, y una más con la Secretaria General de Vivienda, y tenemos prevista otra, como ya hemos dicho, no vemos avances.

3. Justicia.- Desde que en julio de 2017, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emitiera un dictamen por el que condenaba a España por vulnerar el Derecho a la Vivienda, ninguno de los gobiernos habidos ha hecho nada para cumplir las recomendaciones contenidas en el mismo. Además, cerca de 70 familias afectadas han solicitado amparo al Comité, que ha pedido a España medidas cautelares concretas de suspensión temporal de desahucios. Estas peticiones son remitidas por el Comité al solicitante, y a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia que, no tenemos constancia alguna de que las remita a ningún órgano judicial. Esto supone una clara violación de, al menos 3 artículos de la Constitución: el 96, sobre Tratados Internacionales, el 9.3 sobre el principio de legalidad, y el 10.2 sobre Derechos Fundamentales y Tratados Internacionales, igualmente supone una vulneración de la Ley 25/2014 sobre Tratados Internacionales. También la sentencia 1263/2018 del Tribunal Supremo, nos recuerda la obligación de cumplir los dictámenes y recomendaciones emanados de Organismos Internacionales de Derechos Humanos y pactos suscritos por España, como el PIDESC.

Esta injustificable pasividad del Ministerio de Justicia provoca además más desigualdades, ya que hay jueces que las tienen en cuenta, y otros que las ignoran. Es urgente que el Ministerio de Justicia resuelva esta situación, para cumplir con los Derechos Humanos, los compromisos internacionales voluntariamente suscritos por España, y la Constitución, tan invocada para otras cosas mucho más superfluas para la vida de las personas.

Para tratar este tema, solicitamos también una entrevista al ministerio, el mismo día que a Economía, con el mismo resultado: seguimos esperando.

Mientras, los juzgados españoles se encuentran ya saturados por pleitos sobre Cláusulas Abusivas que en el 98% de los casos son favorables a los clientes. Siendo así, resulta indecente que, después de la Sentencia del TJUE sobre Cláusula Suelo, aún no hayan recuperado su dinero casi la mitad de las afectadas, con lo que a los bancos les salen rentables en España los abusos cometidos y la utilización fraudulenta de la Justicia para retrasar lo más posible las devoluciones, sin los intereses de demora que ellos mismos imponen a las afectadas si se retrasan mínimamente.

Los 3 ámbitos expuestos reflejan la pasividad del Gobierno en relación al Derecho a la Vivienda, sobre el que ha habido muchas declaraciones y ninguna actuación concreta, y en el que la situación de emergencia descrita en el primer párrafo del apartado de Vivienda, tendría que provocar actuaciones decididas y urgentes para poner freno a este caos especulativo; sin embargo, como hemos descrito, todo apunta a pasividad y connivencia con la banca. El PSOE está desperdiciando una oportunidad histórica para hacer justicia social, tras un rescate bancario de más de 60.000 millones sin contraprestaciones.

En España, los Derechos en materia hipotecaria o de defensa de los consumidores habidos en los últimos años, no han venido como consecuencia de cambios legislativos impulsados desde la política, sino como consecuencia de sentencias del TJUE, impulsadas en muchos casos por la lucha de la PAH. Esto genera más desigualdades, ya que los derechos disponibles para ejercer la defensa de un deudor hipotecario, dependen de las sentencias producidas hasta ese momento, y derechos que entonces se te han negado han sido reconocidos meses después por otra sentencia. Es por tanto imprescindible una legislación que recoja lo más avanzado para que no tenga que ser siempre el TJUE quien imparta justicia en España

Desde la PAH, estamos abiertas al diálogo, y así lo hemos demostrado, pidiendo reuniones y efectuando propuestas. Pero también exigimos medidas, algunas de las cuales se pueden aplicar ya, y sin embargo nada se mueve por la otra parte.

Estamos tan abiertas al diálogo, como dispuestas a la lucha. Acostumbradas a presionar a los bancos para conseguir paralizar desahucios, defender a las familias con daciones, recursos jurídicos, condonaciones de deudas, negociar alquileres sociales o a interponernos pacíficamente para tratar de impedir la injusticia de los desahucios. Así que, si no se deciden y aplican cambios reales, palpables y significativos, pues haremos lo que mejor sabemos hacer y mejores resultados reporta a las personas

#PSOEblanqueaLaBanca

Una vez más queda patente que los ritmos de la Administración no están a la altura de las necesidades de las familias desahuciadas

Es alarmante tener una mesa de emergencia con una lista de espera de 489 familias, con tiempos de espera que ya superan el año y medio y la Administración solo reaccione a paso lento ante la presión de la PAH

Hoy, martes 13 de noviembre de 2018, PAH Barcelona nos hemos vuelto a reunir con los responsables de la Mesa de emergencia, en la calle de la Diputació, 92,  para que nos informaran de los avances que habían realizado, ante el creciente colapso de la lista de espera de la Mesa de emergencia desde que nos reunimos por última vez  y logramos que pusieran sobre la mesa medidas concretas, en las que la Generalitat se comprometió a:

  • Ceder 4 millones de euros al Ayuntamiento en los próximos 3 años, que servirían para conseguir 100 viviendas a través de convenios con Habitat 3
  • Abrir una nueva línea de crédito para financiar la compra, con tanteo y retracto, de pisos de la banca, que garantizara 400 viviendas de aquí a finales de año para cubrir la lista de espera de la Mesa de emergencia

Han pasado cuatro meses de ese encuentro y dos desde que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona hicieron público su plan de choque, pero seguimos con una Mesa de emergencia más colapsada que nunca y sin ver avances en cómo hacer efectivo dicho plan mientras las familias siguen  siendo desahuciadas sin realojo garantizado, en una demostración de que los tiempos de la Administración no están a la altura y totalmente alejados de la realidad.

Hablamos de casi 500 familias desahuciadas o con orden de desahucio, que tienen que esperar hasta un año y medio para acceder al piso de emergencia que les corresponde por ley. Hablamos de familias obligadas a sufrir una orden de desahucio tras otra hasta ser expulsadas definitivamente de sus hogares sin más alternativa que una pensión, un albergue o una habitación de hotel, en el mejor de los casos un piso puente, pero siguen esperando ese piso que nunca llega, mientras son sometidas a unas estrictas normas de convivencia que tampoco les permiten llevar una vida digna y normal.

A pesar del anuncio de ese plan de choque para lograr los pisos que las familias necesitan, en su momento ya fuimos críticas y denunciamos la falta de un calendario claro y conciso de ejecución  y exigimos una reunión para que nos contaran en profundidad cómo iban a llevarlo a cabo. Así como el hecho urgente e imprescindible, de que Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona busquen más soluciones para que no se vuelva a saturar la mesa una vez resuelta la lista de espera, y también pasar a pensar cómo llegamos al 15% que marca la ley y demos respuesta a las 35.000 familias inscritas en  registro de VPO. Una reunión que ha tenido lugar hoy con unos resultados bastante insatisfactorios.

Cuatro meses después de comprometerse a movilizar 100 pisos con Habitat 3 aún no se han firmado los acuerdos para hacer esto efectivo. 100 pisos  que podrían estar ya dando solución a 100 familias.

Sobre el tanteo y retracto, parece que algo se está avanzando y ya se tiene intención de comprar. De 700 pisos, han podido visitar 100 y parece ser que entre Generalitat y Ayuntamiento han confirmado la compre de 60, estamos a la espera de qué sucede con los 600 restantes. Al mismo tiempo el BBVA, que firmó un convenio con la Generalitat para entregar 1.800 pisos, no ha entregado la partida de julio con 300 pisos más, y nada parece indicar que tengan intención de hacerlo. Una muestra más de la actitud de la banca que no solo hace las cosas de cara a la galería, sino que se dedica a poner trabas para evitar cualquier avance en derechos sociales. Exigimos a la Generalitat que denuncie públicamente al BBVA y que no nos utilice a nosotras para ello. Igualmente exigimos al Ayuntamiento de Barcelona que haga lo mismo con Caixabank, entidad con la que firmaron en febrero de 2016 un acuerdo para entregar 50 pisos y casi tres años después solo ha entregado 30. Nosotras denunciamos la inacción de la Administración permitiendo que los bancos sean capaces de reírse de ellos de esta manera, y forzarles al cumplimiento de los convenios firmados.

Cerberus ya está afilándose las garras para comprar los pisos del BBVA y empezar a desahuciar masivamente cuando los tenga en su poder, ya que el 80% están ocupados. Antes de que esto ocurra, exigimos a Generalitat y Ayuntamiento para que hagan la mayor compra posible.

Desde la PAH seguiremos atentas y presionando, como hemos hecho hasta ahora, para que esta situación se solucione lo antes posible, ya que si algo ha quedado demostrado es que sin presión la Administración no solo no se mueve, sino que Generalitat y Ayuntamiento son incapaces de sentarse para trabajar con un objetivo común: dar una respuesta rápida y eficaz a la emergencia habitacional que sufrimos. No podemos seguir permitiendo que los tiempos administrativos estén tan alejados de la realidad y de la urgencia que viven las familias que no pueden esperar más.

Teniendo confirmada una partida de 40 millones de euros para la compra de pisos vía tanteo y retracto, esperamos que esta sea efectiva antes de fin de año y se amplíe considerablemente el parque de vivienda social para cubrir la emergencia.

 

[Convocatorias] Dos convocatorias que no te puedes perder este finde

1

Sábado 10 de noviembre 18h Manifestación «la banca sempre guanya? Diguem prou»

Las PAHs hemos quedado y convocado a prensa a les 17:45 h delante de la puerta del Banco de España. ¡Traed vuestras camisetas verdes! 

 

 

2

Domingo 11 de noviembre ¡PAHella de celebración! Hemos recuperado la Ley más garantista en materia de vivienda: la 24/2015. ¡Ven a celebrarlo con nosotras!

[Convocatoria] 15 marionetas obedeciendo a la banca en el Tribunal Supremo

Frente a la resolución del Tribunal Supremo sobre que sea el cliente quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la firma de una hipoteca, desde la PAH de Barcelona denunciamos la sumisión de los magistrados a los intereses y la presión del lobby financiero e inmobiliario, es decir, a los bancos

Desde la PAH llevamos 9 años denunciando la estafa hipotecaria y enfrentándonos al lobby financiero y político, como David contra Goliat, porque estamos seguras de que la banca no tiene que ganar nunca (debería ser una herramienta) y que las leyes antidemocráticas tienen que ser remplazadas. Es por eso que nuestra primera medida y de mínimos es la dación en pago retroactiva, y no permitiremos que en la nueva Ley de créditos inmobiliarios que se está debatiendo en el Congreso actualmente no se integre. Desde la PAH exigiremos mayor protección a las familias en vez de a las entidades financieras, así como es ahora.

La sentencia de ayer del TS es un reflejo de que la justicia española está contaminada por los grupos de presión inmobiliarios y financieros. No puede ser que no se tenga en cuenta a los consumidores y por ello haya que replantear la justicia española, ya que las instituciones deberían velar por la ciudadanía y no por los grupos de presión. No podemos permitir que tengamos marionetas de las entidades financieras en los órganos de la justicia. Sabemos que los tenemos en algunos grupos políticos. Así nos lo demostraron cuando el PP puso el recurso al TC a leyes autonómicas que ponían freno a los desahucios, como la Ley 24/2015, o cuando la PAH recogió 1.500.000 de firmas para legislar la ILP hipotecaria en 2013, y la mayoría absoluta del PP nos la bloqueó. Pero la resolución de ayer sobre el TS solo nos verifica una vez más que es imprescindible que la gente de todos los pueblos, ciudades y barrios nos organicemos y digamos BASTA y cambiemos las reglas de juego.

Hagamos posible lo imposible. Somos capaces de hacerlo. Juntas somos imPAHrables.

Saldremos a la calle a denunciar esta situación, porque no vamos a consentir que a la parte más vulnerable (las familias) de un contrato hipotecario se la haga responsable de esta situación, y sobre todo, salgamos juntas a las calles a exigir nuestros derechos y nuestra dignidad. Ningún juez y ningún político, vendidos a la banca, debe de estar en espacios de poder. ¿Dónde queda la separación de poderes?

El próximo viernes convocamos delante de los TTSSJJ a las 11:30 h una acción estatal, y el sábado a las 18:00 h en Madrid, delante del Supremo. Continuaremos con todas las que hagan falta. Nosotras tenemos soluciones, la Ley vivienda PAH, y vamos a exigir que se tramite ya.

 ¡Sí se puede!

Denunciamos a Bankia y a la banca en general como el principal lobby financiero que tiene comprado a Tribunal Supremo para incidir en sus sentencias contra los consumidores

Hartas del silencio por respuesta y la falta de soluciones, las familias estafadas retoman las movilizaciones contra Bankia 

En defensa de las familias afectadas que llevan años negociando por una solución que les garantice volver a empezar y sin respuesta clara por parte de Bankia, hoy 7 de noviembre, la PAH Barcelona hemos ocupado de nuevo una sucursal de la entidad, en la calle Aragón, 314, Barcelona. La acción de hoy da continuidad a las que empezamos a hacer este verano, de las cuales solo hemos logrado el menosprecio por parte de Bankia, negándose rotundamente a acceder a las demandas de mínimos de las familias, o engañándolas y mintiendo con buenas palabras, nunca por escrito, solo para sacárselas de encima, y al día siguiente »donde dije digo, digo Diego». La última movilización realizada en la oficina de la calle Caspe, 59, de Barcelona, con la presencia de las PAHs del Área Metropolitana y algunas PAHs catalanas movilizándose en sus localidades, terminó con denuncia por parte de Bankia y con las familias desalojadas de la oficina, como delincuentes, a manos de los Mossos d’Esquadra. 

Estamos hablando de familias vulnerables en riesgo de exclusión, que solo buscan una segunda oportunidad tras ser engañadas y estafadas por Bankia, con demandas tan obvias como firmar un alquiler social. Hablamos de Mohamed, Cristina, Vicky, Lizzeth y Luz, a las que Bankia está negando que puedan seguir dignamente con sus vidas.

Exigimos:

– Alquiler social vitalicio para Mohamed

– Renovación de alquiler de 3 años mínimo para Cristina

– Alquiler social renovable para Vicky

– Alquiler social para Lizzeth

– Alquiler social y condonación de deuda para Luz

Ofrecer esta segunda oportunidad es una cuestión de sentido común y de justicia. Aunque precisamente sea justicia lo que falta en este país. Hay que replantear la justicia española, una vez demostrado que el Tribunal Supremo es una institución más, dominada por 15 marionetas al servicio de la banca y los lobbies inmobiliarios y financieros, entre los que se encuentra Bankia. Ya fue indecente que el Tribunal Supremo  se replanteara la sentencia que daba la razón a los consumidores, pero ahora, que le den la razón a la banca, es más que indecente y no puede ser que no se tenga en cuenta la parte de los consumidores que llevan años sufriendo los efectos de la estafa hipotecaria.

Desde que Bankia se fundó en diciembre de 2010, en pleno boom de la estafa hipotecaria, la entidad ha protagonizado un escándalo tras otro: estafa hipotecaria, cláusulas abusivas, preferentes, tarjetas black… una violación de derechos fundamentales sin precedentes que recibió como premio un rescate de 40.000 millones de dinero público. Un rescate que lejos de ser devuelto y lejos de que Bankia funcionara como una entidad pública, le sirvió para absorber BMN, realizar el mayor ERE del país con 7.000 despidos y vender la gestión de su cartera inmobiliaria al fondo buitre Cerberus a través de Haya Real Estate, una Socimi de dicho fondo. Todo esto en medio de un proceso de privatización de Bankia, al que el Gobierno de Pedro Sánchez no parece tener intenciones de poner freno, cuando lo que debería hacer como principal accionista de la entidad, es exigir que Bankia deje de desahuciar a las familias y les ofrezca un alquiler social.

En unos momentos en que la ciudadanía ve con buenos ojos cómo la directiva de Bankia, poco a poco, está siendo justamente encarcelada, no permitiremos que la directiva actual persista en el legado histórico de la entidad y siga dejando en la cuneta y desahuciando a las familias, que llevan años sufriendo las políticas delictivas de Bankia, y menos ahora que tenemos a la vuelta de la esquina recuperar la vigencia de la Ley 24/2015, gracias a la cual todas las familias que no han podido continuar pagando su hipoteca o alquiler de grandes tenedores, estos están obligados a hacer un alquiler social y frenar la ola de desahucios que sufrimos en Catalunya con 61 familias perdiendo su hogar cada día.

Desde la PAH vamos a seguir apoyando a las familias, denunciando la situación y logrando soluciones sin dar un paso atrás. Si no es por las buenas, será por la PAH, o por la Ley 24/2015 y las sanciones por no cumplirla.

#EstiloBankia

Si no podemos bailar no es nuestra revolución.
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