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Comunicado #VolemEl30: Resultado de las reuniones con los grupos políticos municipales y alegaciones

En la semana del 23 de julio, el grupo promotor de la moción para incrementar el parque de vivienda protegida de Barcelona se ha reunido con todos los grupos políticos municipales. El objetivo de las reuniones ha sido discutir los próximos pasos y asegurar una aprobación definitiva en septiembre de la medida que exige que un 30% de las viviendas creadas tras grandes rehabilitaciones y nuevas construcciones en la ciudad sean de protección oficial. Tras su aprobación inicial en la comisión de urbanismo en junio, la medida deberá ser votada en la misma comisión el 18 de septiembre, para luego ser aprobada definitivamente en el pleno municipal del 28 de septiembre.

El resultado de las reuniones ha sido muy positivo. Todos los grupos municipales reconocen que la medida saldrá adelante y la mayoría se ha mostrado favorable a una aprobación en septiembre. Con relación al voto de junio, el movimiento ha sido favorable, con los partidos indicando un cambio de posición del no hacia una abstención y de la abstención hacia un sí. De momento, se espera el resultado del informe ampliado sobre la solvencia de la medida, en elaboración por el Ayuntamiento y a ser presentado en septiembre.

Entre los grupos municipales que han presentado alegaciones al texto están el PSC, PdeCAT y la CUP. Las alegaciones se están revisando por parte del Ayuntamiento y la respuesta a las mismas será presentada en la comisión de urbanismo del 18 de septiembre. Como forma de asegurar que la medida conserve su carácter original y tenga los mejores resultados posibles, el grupo promotor también ha presentado alegaciones a la modificación del Plan General Metropolitano que habilita la medida.  Su contenido se resume en los puntos a continuación: 

  • Fomento del alquiler como régimen de acceso a la vivienda 
  • Gestión de la VPO por la Administración o por entidades del tercer sector
  • Ejercicio del derecho al tanteo y retracto para la adquisición de las viviendas destinadas a VPO para poder ofrecerlas bajo régimen de alquiler a las unidades inscritas en el Registro de Solicitantes 
  • Mecanismos que impidan la segregación, de manera que el 30% de las viviendas destinadas a precio protegido no sean siempre las de las plantas más próximas a la calle, de menor tamaño o de peor orientación 
  • Plan de inspecciones y régimen sancionador  
  • Mecanismos para supervisar el fomento indirecto de usos alternativos al residencial

Por último, el grupo promotor reitera en las alegaciones que en ningún caso apoyará una posible moratoria o retraso en la aplicación de la medida, entendiendo que esta decisión no se justifica jurídicamente ni tampoco por motivos de suficiencia y cumplimiento del objetivo de solidaridad urbana y de las necesidades de parque de vivienda asequible en la ciudad. En ese sentido, nos oponemos a la decisión del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) de incluir en sus alegaciones la necesidad de un periodo de dos años de moratoria a la implementación de la medida, posteriormente matizado. 

Los informes presentados hasta ahora corroboran la solvencia jurídica de la medida, así como la experiencia de ciudades que ya han implementado políticas similares, como París y Nueva York. Para que la medida tenga el efecto deseado es fundamental velar por su aprobación y aplicación lo antes posible. El contexto de emergencia habitacional y la necesidad urgente de incrementar el parque de vivienda protegida en la ciudad, corroboran la necesidad de aprobar la medida en septiembre y velar por su aplicación integral lo antes posible. 

El grupo promotor de la medida se toma un descanso durante el mes de agosto, pero volveremos con fuerzas renovadas y firmemente decididas a asegurar su aprobación en el mes de septiembre. Será el momento de una campaña comunicativa, de acciones de visibilización y reivindicación en la calle y de un acto público potente el 14 de septiembre.

#VolemEl30

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La falta de voluntad política ha dejado pasar la oportunidad de recuperar la Ley 24/2015

Mientras el gobierno de Pedro Sánchez es incapaz de cumplir los compromisos firmados, cada día son desahuciadas 43 familias en Cataluña

Ayer miércoles 1 de agosto, se celebró la primera reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat: hubiera sido prioritario que se acordara la retirada inmediata del recurso a la Ley 24/2015. Por lo tanto, nuestra valoración es agridulce: ayer era urgente y posible recuperar la herramienta más eficaz que ha tenido Cataluña y todo el Estado para acabar con los desahucios y la emergencia habitacional. Hoy podríamos estar hablando y celebrando que gran parte de los 43 desahucios de hipoteca y de alquiler que se producen cada día en Cataluña pronto quedarían parados. A la vez, podríamos respirar aliviadas porque, en pocos meses, las listas de espera de más de un año de las Mesas de emergencia quedarían a cero. Y nunca más deberíamos sufrir por que se repitieran hechos trágicos como los de Cornellà o Reus, porque es posible evitarlo. En cambio, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha estado a la altura, demostrando el mismo talante que el gobierno de Mariano Rajoy. El PSOE se había comprometido por escrito a “retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional en caso de formar Gobierno y a no poner impedimentos para su total desarrollo”. No obstante, ayer cuestionó la constitucionalidad de una ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña, o lo que es lo mismo: giró la espalda a miles de familias negándoles su derecho a una vivienda digna, para ponerse del lado de la banca y sus intereses.

El pasado día 29 de julio, se cumplían tres años desde que se aprobó la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, conocida popularmente como “Ley contra los desahucios y los cortes”. Esta ley fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Cataluña en julio de 2015 y surgió de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), la “ILP Vivienda”, impulsada por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC (ODESC). Durante su tramitación recibió un apoyo social extraordinario, con casi 150.000 firmas de apoyo individuales, así como la adhesión de más de medio millar de entidades sociales de todo tipo, como sindicatos, movimientos vecinales, tercer sector social y muchas otras entidades cívicas de una diversidad importantísima. Este enorme consenso político y social solo se entiende teniendo en cuenta el objetivo que buscaba: acabar con la emergencia habitacional y la pobreza energética en Cataluña.

Nuestra Ley fue la primera en todo el Estado que puso sobre la mesa medidas de urgencia en el ámbito de la vivienda, después de las consecuencias desastrosas de la crisis del 2008. La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca había intentado ya cambiar en el Congreso, con otra Iniciativa Legislativa Popular, las leyes que permitían desahuciar a centenares de miles de familias, quedándose además con deudas impagables de por vida que las condenaban a la exclusión social y financiera permamente. A través de cinco sencillas medidas, pensadas por las entidades sociales: la pesadilla del sobreendeudamiento, los desahucios, la falta de vivienda de emergencia y los cortes de agua, luz y gas que afectaran a la población en situación de vulnerabilidad residencial, pasaban a ser historia.

Cataluña fue el primer lugar donde las entidades sociales y la sociedad civil organizada, consiguió agrietar el muro que habían construido el Partido Popular y la banca contra cualquier tipo de cambio legislativo que acabara con las leyes criminales e injustas, para tener otros que protegieran el derecho a la vivienda digna. Otros territorios siguieron la estela de la llamada norma, hecho que hizo nacer nuevas leyes.

Desgraciadamente el gobierno del PP decidió, una vez más, defender los intereses de las entidades financieras y los grandes tenedores de vivienda, y en mayo de 2016 interpuso un recurso de inconstitucionalidad en contra, gesto que repitió con el resto de leyes del Estado. La reacción de la sociedad civil en la calle fue una defensa enconada de nuestra “Ley contra los desahucios y los cortes”: se convocaron antes y después de la impugnación numerosas protestas ante las sedes del PP en Cataluña y en todo el Estado, estuvimos en el Parlamento y en el Congreso, obteniendo el apoyo de todos los partidos, excepto del PP, y también recibimos el apoyo de los ayuntamientos catalanes. Una cumbre social convocada por el Presidente de la Generalitat desembocó en una nueva ley, también suspendida.

Finalmente, tan solo pudimos salvar la parte de pobreza energética; las medidas de vivienda fueron afectadas por la impugnación y suspensión inmediata de todos los artículos que afectaban a las entidades financieras. La parte de vivienda de la Ley 24/2015 demostró, durante los 9 meses que estuvo en vigor, su potencia parando más de 10.000 desahucios hasta que fue suspendida. Si no hubiera sido así, desde entonces hasta hoy, se hubieran podido parar unos 35.000 desahucios. Las medidas contra la pobreza energética, que no fueron impugnadas, han conseguido parar más de 82.500 cortes de suministros.

La 24/2015 es una de las leyes catalanas más importantes en materia social que impugnó el Partido Popular, por lo cual es imprescindible recuperarla. Por todo esto, y ante la ventana de oportunidades que se abrió con la salida del PP del gobierno del Estado, nos dirigimos a los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra a través de dos cartas públicas, pidiendo al primero que retire el recurso inmediatamente y al segundo, que ponga en la agenda de los encuentros Generalitat-Estado esta prioridad. Nos hemos reunido con todos los grupos políticos, menos con el PP, en el Parlamento de Cataluña y en el Congreso de los Diputados de Madrid, con miembros del gobierno. Hemos trabajado para que todos los actores que ayer estaban en la Mesa de negociaciones de la Comisión Bilateral tuvieran muy clara la urgencia del levantamiento de esta suspensión.

Aun así, no perderemos la esperanza ni la fuerza para seguir luchando hasta recuperar esta ley. Es positivo que se estudie la retirada de los recursos, pero no tenemos tiempo para perder entre reuniones y comisiones. Exigimos públicamente desde hoy mismo, ser interlocutoras en las negociaciones entre ambos gobiernos cuando se hable de las leyes de vivienda que hay que recuperar. Las familias no pueden esperar reuniones y comisiones que se eternicen ante un problema tan grave como los desahucios. El PSOE tiene que dar un paso en firme y retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional, tal y como se comprometió. Recordemos que el expresidente Rodríguez Zapatero, cuando llegó al gobierno, retiró 21 recursos interpuestos, muchos de ellos de leyes sociales como la nuestra.

¡En septiembre seguiremos luchando en la calle una ley justa para proteger nuestro derecho a la vivienda digna!

Recuperar la Ley 24/2015: ¡Se puede!

Épica para paralizar un desahucio abierto. Crónica de una victoria.

El último desahucio de la temporada, antes de las vacaciones de los juzgados, termina con una muestra más del poder de la ciudadanía organizada ante leyes injustas y la perversidad de los especuladores

No podíamos despedir el curso sin, una vez más, hacer historia. Así como suena. Por primera vez, la PAH hemos conseguido parar un desahucio abierto: esos que, con otras palabras más bonitas pero igual de brutales, dicen “a partir de tal día podemos ir a echarte de tu casa cuando nos dé la real gana”. Si ya es psicológicamente durísimo imaginarse la pérdida del hogar, como ejemplifican los numerosos casos de angustia y depresión que vemos en nuestras asambleas, no saber siquiera cuándo se va a producir el momento concreto resulta devastador.

La violencia inhumana de los juzgados, toca su máximo esplendor con esta practica, que únicamente está pensada para evitar la movilización pacífica de aquellas que cada día nos plantamos en la puerta para defender a las familias y evitar que sean echadas a la calle sin pudor. Hay que desahuciar sí o sí y seguir protegiendo y fomentando la especulación con los precios de la vivienda o su transformación en apartamentos de lujo o turísticos, sin importar las vidas que haya en juego.

Pero no cedemos ante la política del miedo: han sido doce días de resistencia, de gente haciendo turnos y en ocasiones quedándose a dormir en la vivienda para que Nadia y su familia estuvieran siempre acompañadas, para que, vinieran cuando vinieran a intentar desahuciarlas, estuviéramos preparadas. Nos han hecho esperar y hoy finalmente ha venido la comitiva judicial en la última oportunidad que tenían antes del cierre de los juzgados durante el mes de agosto, pero no nos han pillado por sorpresa: algunas nos hemos quedado a dormir en casa de Nadia, otras hemos llegado desde las primeras horas de la madrugada por si la policía bloqueaba las calles, algunas menos madrugadoras han ido viniendo según avanzaba la mañana. Con alegría y decisión nos hemos juntado un centenar de personas de varias PAHs, otros colectivos por el derecho a la vivienda, vecinas… Había mujeres y hombres, gitanas y payas, jóvenes y no tanto, gente nacida aquí y de otros continentes, unidas solidariamente a una familia a la que algunas ni siquiera conocían personalmente pero por cuya defensa estaban dispuestas a ponerse delante de antidisturbios si hiciera falta.

Llegó la comitiva, la propiedad dispuesta a ejecutar el desahucio y dejar a una familia con dos menores (uno de ellos con discapacidad) en la calle. Tan dispuestas como para haber activado a los Mossos d’Esquadra para venir a tirar la puerta abajo. Lejos de echarnos atrás, estábamos dispuestas a oponernos de forma pacífica pero contundente, a la barbarie cotidiana, como hemos venido haciendo desde hace nueve años: poniendo nuestros cuerpos y nuestra voluntad, bloqueando la entrada al portal, bloqueando la escalera, bloqueando la puerta del piso. Iban a tener que sacarnos a rastras una por una…, y cien personas son muchas para arrastrar, con todo un barrio mirando y apoyando desde los balcones. Han decidido no hacerlo y posponer el desahucio hasta el 3 de septiembre, con lo que una vez más se demuestra lo que ya sabemos: la injusticia y la política del miedo no pueden nada contra la legitimidad y el valor de la ciudadanía organizada. Hoy Nadia, su marido y sus niñas dormirán en su casa. 

Pero la historia no acaba aquí, necesitamos garantizar un realojo para Nadia, quien llegó a esta situación hace año y medio cuando la propiedad optó por subirle desorbitadamente el alquiler, sabedora de que no lo podrían pagar y así promover una expulsión más para poder especular con el piso. Una simple renovación al mismo precio y Nadia seguiría pagando y feliz con su familia en su casa.

Nadia ha agotado todas las vías administrativas para solucionar esta situación. Tiene un piso de la Mesa de emergencia, concedido hace más de un año, un piso que no llega. A esta familia solo le queda un camino: la resistencia, la lucha, la perseverancia. No están solas. Ayer después del desahucio tomamos la Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella, nos reunimos con Javier Burón, responsable de la Mesa de emergencia; mañana nueva cita en Servicios Sociales… Tenemos un mes para volver a evitar que se repita el sin vivir que llevan meses sufriendo, con 4 desahucios ya parados gracias al empoderamiento y la solidaridad de la sociedad civil, frente al inmobilismo administrativo.

#SoluciónParaNadia

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“Furia digna”, diez años después del colapso financiero ¡Tomemos el control de las finanzas!

Diez años después del colapso de Lehman Brothers, es hora de explicar la historia de la crisis financiera mundial desde la perspectiva de la ciudadanía y de proponer soluciones comunes positivas para dar prioridad al interés público en el futuro. Lehman Brothers se convirtió en un símbolo inolvidable del fracaso de un sistema financiero desregulado, liberalizado e interconectado. El colapso fue el punto de inflexión de una crisis económica y financiera que provocó que millones de personas perdieran sus trabajos, viviendas y acceso a la protección social, tales como prestaciones de paro decentes, pensiones y atención de la salud.

Las negligentes estrategias, y la irresponsabilidad hacia la sociedad mostrada por las corporaciones financieras fueron puestas en evidencia, igual que la pasividad o la complicidad de los políticos en los años anteriores a la crisis y en la imposición del paquete de medidas de ajuste y austeridad como respuesta a la crisis. Se permitió dirigir los mercados a las grandes corporaciones financieras, y el precio fue considerable.

Se nos pide que creamos que han aprendido las lecciones, y que, posiblemente, los cambios necesarios sean inminentes. En cambio, a pesar de las fuertes críticas a la ideología del libre mercado financiero expresadas por muchos desde que empezó la crisis financiera, el neoliberalismo sigue ejerciendo un fuerte control sobre las políticas, normas e instituciones financieras. Esto ha supuesto un ataque total a la calidad de nuestras vidas y a nuestra dignidad. La ciudadanía de toda Europa ha protestado y propuesto soluciones sociales más eficaces para hacer frente a esta crisis. Hemos tenido un éxito parcial significativo a nivel local, pero todavía tenemos que intensificar nuestros esfuerzos. Los lobbies financieros siguen teniendo un acceso casi ilimitado a los responsables políticos de la Unión Europea, con el resultado de que los mercados financieros no solo siguen siendo hoy peligrosamente inestables, sino más. Las nuevas regulaciones son tímidas e insuficientes, y actualmente se está produciendo una reacción «desreguladora».

El riesgo de otro colapso persiste, y una vez más podríamos vernos obligados a rescatar megabancos con miles de millones de dinero público. Millones de nuevas víctimas podrían unirse a las filas de los que ya están sufriendo la crisis. Incluso ahora, millones de personas se encuentran empobrecidas y endeudadas, lo que constituye un recordatorio constante de que la crisis sigue con nosotras.

Los bancos centrales inyectan grandes cantidades de dinero a la banca y a las empresas privadas, mediante mecanismos de expansión cuantitativa. Y mientras que los grandes bancos y corporaciones disfrutan de sus grandes beneficios gracias a los bajos costes de financiación ‒una especie de subvención‒, cada vez se destina menos dinero a inversiones en infraestructuras, servicios públicos, protección del medio ambiente y lucha contra la pobreza.

Ahora, con motivo del décimo aniversario de la crisis financiera, hacemos un llamamiento a la acción. El aniversario es una oportunidad para crear un nuevo espacio de debate público sobre las causas profundas de la crisis y el futuro de las finanzas. Es una oportunidad para mostrar nuestra indignación: necesitamos una solución socialmente justa a la deuda existente y tenemos que adoptar una postura de cara al futuro. No tenemos que pagar deudas ilegítimas, ni ahora ni en el futuro. Exigimos que los bancos y las finanzas sirvan a la sociedad. En 2018, empezaremos el difícil proceso de poner las finanzas bajo control democrático.

Tenemos que desmantelar los grandes bancos, acabar con la especulación inútil, introducir una fiscalidad efectiva y justa en el sector financiero y emprender inversiones públicas en servicios e infraestructuras que mejoren la vida y creen puestos de trabajo dignos para muchos y muchas. Tenemos que transformar el sistema financiero para ponerlo al servicio de una economía por una vida en común.

Nos oponemos al enorme impacto negativo de los mercados financieros especulativos, que alimentan la desigualdad social, la pobreza, la escasez de servicios públicos, el cambio climático. Queremos adoptar una nueva forma de producir y reproducir, compartir recursos y riqueza. Un nuevo modelo económico que ponga las vidas en su centro. Empezaremos a tomar el control democrático uniendo fuerzas con diferentes personas y grupos que se ven afectados por el impacto negativo de las finanzas en la sociedad. Como prioridad, tenemos que presionar para que se adopten medidas y normas políticas que acaben con la era de la financiarización, en la que la sociedad está dominada por la lógica depredadora de los bancos y de los mercados financieros. Las grandes finanzas son poderosas, pero si nos unimos podemos formar parte de la indispensable acción política para oponernos con éxito. Necesitamos que los colectivos ciudadanos se unan a nuestra campaña y conviertan el 2018 en un punto de inflexión, de forma que los próximos 10 años sean finalmente el momento en que se pueda asumir el control de las finanzas.

¡Participa el 15 de septiembre en Barcelona en la Jornada de lucha: Pongamos las finanzas al servicio de les persones y el planeta!

Organizaciones europeas que participan en esta campaña:

Action from Ireland, AktiveArbeitslose (Austria), Ander Europa (NL+BE), Associació de Permacultura, ATTAC França, ATTAC Alemania, ATTAC Polonia, ATTAC Austria, ATTAC Irlanda, ATTAC España, Brotfür die Welt/Bread for the World, CADTM Europa, CNCD-11.11.11, Corporate Europe Observatory, CUP, Observatori del deute en la Globalització (ODG), Debt Resistance UK, Ena Banda (Eslovenia), EuroMemo Group, European Network on Debt and Development (Eurodad), FairFin, FinanceWatch, Friends of the Earth Europe.

Colectivos que dan soporte en Cataluña:

Aigua és Vida, Aliança contra la Pobresa Energètica, Assemblea Groga de Gràcia, Associació Erradicar la pobresa, ATTAC Acordem, Ca la Dona, Campanya Banca Armada, Campanya No als TCI, CADTM, Col·lectiu 500X20, Lloger públic i asequible, Coordinadora de treballadors i treballadores en atur de Catalunya, Ecologistes en Acció, EKONA, Entrepobles, FAVB-Federació d’Associacions de Veins i veines de Barcelona, FAPAC-Federació d’Associacions de Pares i mares d’Alumnes de Catalunya, FETS-Finances Ètiques i Solidàries, Finance Wacht, Fundació FIARE, Front Cívic de Catalunya, Greenpeace Barcelona, Grup impulsor de la Renda Garantida de Ciutadanía, Icaria Editorial, Marea Blanca, Marea Pensionista, Marxa de la Dignitat, Marxa Mundial de Dones, ODG (Observatori del deute en la globalització), Oikocredit Catalunya, Oxfam Intermón, PAH-Plataforma d’Afectats i afectades per l’Hipoteca, Plataforma D’atenció domiciliària SAD, Plataforma de Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, Plataforma Lleida Social, Plataforma Sortir del Euro, PLEEC – Plataforma per una educació en economía crítica, Radio Rebelde Republicana, REVO Prosperitat Sostenible, SETEM Catalunya, SICOM-Solidaritat i Comunicació, Sindicat de Llogaters i Llogateres, Vidas Sostenibles, XSE-Xarxa de Sobiranía Energética, 350 Org

 #10anysdeCrisiEstafa

Avance Informe II. Perspectiva de género sobre el derecho a la vivienda y la pobreza energética en Barcelona

Hoy publicamos el avance del informe en perspectiva de género sobre el derecho a la vivienda y la pobreza energética en Barcelona de la segunda radiografía de la trilogía: «Radiografías de la situación del derecho a la vivienda, la pobreza energética y su impacto en la salud en Barcelona».

Los datos que aparecen forman parte de una base de datos creada durante los años 2017-2018 por el Observatorio DESC (ODESC), Ingeniería Sin Fronteras (ESF), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona (PAH BCN) y la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB). En esta base de datos se aloja una encuesta en profundidad de 247 preguntas que cruzan datos de problemas conectados: la vivienda, los suministros básicos y la salud, con datos sociodemográficos y otros relevantes.

Nos parece importante destacar la tarea de creación de nuevas fuentes de datos propios de los movimientos sociales como la PAH y la APE y trabajadas también por entidades como la Agencia de Salud Pública de Barcelona, Ingeniería Sin Fronteras y el Observatorio DESC. Sistematizar la información de las personas que participan en los colectivos mencionados nos permite elaborar informes y documentos útiles para expresar  con  claridad la realidad de las problemáticas de vivienda y pobreza energética, más allá de los escasos datos oficiales. De este modo, las radiografías resultan fundamentales para visibilizar la situación del derecho a la vivienda y a la energía en nuestra ciudad y aportar propuestas cuidadosas y fundamentadas en casos reales.

Este segundo informe en clave de género lo presentaremos en septiembre pero os dejamos un avance de los datos más relevantes que hemos extraído de este análisis.

En los próximos días informaremos del lugar y hora de la presentación de este segundo informe y del último de la trilogía, que está basado en clave salud y que, este otoño, saldrá a la luz.